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Un nuevo proyecto: el Registro de Impagados Judiciales en España para reducir la morosidad y facilitar los cobros de deudas

Con el fin de reducir la morosidad, garantizar una mayor transparencia en el sistema judicial y financiero y aumentar el número de deudas registradas, se ha presentado el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), una herramienta a disposición de los abogados de España que incluirá información acerca de los deudores y facilitará la reclamación de las deudas reconocidas por sentencias judiciales firmes, incluso para pequeñas empresas y particulares.

La necesidad de un registro de impagos que almacene cualquier tipo de deuda se ha visto indispensable en España, dado que solo el 20% de las deudas judicialmente reconocidas están registradas. Esto significa que casi el 80% de las morosidades comerciales en España se quedan sin rastro y, por lo tanto, sin real ejecución, con un daño económico muy importante para particulares y PYMES.

España ya cuenta con un fichero para el registro de morosidad pero que está dedicado solamente a la inscripción de deudas relacionadas con grandes compañías y empresas de suministro: las pequeñas deudas, sobre todo las existentes entre particulares y pequeñas empresas, hasta ahora, han quedado fuera de este registro.

El objetivo principal de la creación de este Registro de Impagados Judiciales es el de facilitar la inscripción de las “deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante resolución judicial firme” a partir de los 50€ y con hasta 5 años de antigüedad, fomentando así la recuperación de las cantidades no correspondidas anteriormente, incluso las de pequeño valor.

La presidenta del CGAE, (Consejo General de la Abogacía Española), Victoria Ortega ha declarado que hace falta un sistema más transparente y que contenga todas las morosidades reales. Ha declarado que actualmente son miles las resoluciones que “por una razón u otra no llegan a ejecutarse” cosa que “hace que la tutela judicial efectiva resulte insatisfecha, con todas las consecuencias negativas que ello tiene para la seguridad jurídica y el conjunto de la situación económica”.

 

¿Cómo funcionará el Registro de Impagados Judiciales?

Todos los abogados – España cuenta con 150.000 profesionales –  después de haber recibido una autorización por parte de sus clientes acreedores, podrán acceder a este fichero utilizando su carnet de colegiado y registrar todas las deudas superiores a los 50€ y con una antigüedad máxima de 5 años, facilitando los datos de la persona o entidad morosa y la cifra por liquidar. Esta inscripción tendrá un coste de 29€ para el acreedor y será disponible, de forma gratuita, para la abogacía y para el sistema financiero y empresarial siempre y cuando éste tenga un interés legal. Una vez cobrada la cantidad de dinero indicada como morosidad, desaparecerá del registro.

 

¿Qué tipo de deudas podrán ser inscriptas en el Registro de Impagados Judiciales?

Como ya hemos dicho actualmente en el fichero de morosidad vienen registradas solo aquella deudas relacionadas con grandes compañías y empresas de suministro, el Estado, Hacienda y Seguridad Social, mientras quedan fueras todas aquellas morosidades vinculadas con las PYMES, autónomos o personas físicas. Cuando hablamos de estas deudas de entidad menor nos referimos a morosidades debidas a deudas entre particulares, incumplimientos de pago referidos al alquiler, compraventa, pensiones de alimentos, pagos de honorarios o morosidad de instituciones, que normalmente sí que son condenadas pero nunca liquidadas, creando un déficit que repercute en la economía nacional.

Los últimos datos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial en 2017 nos ponen de manifiesto que se ejecutaron cerca de 2,4 millones de sentencias, de las cuales miles fueron “incumplidas o han tenido un cobro infructuoso” que deja a los ciudadanos “indefensos ante los morosos”.

Para poder acabar con este problema se ha avanzado la propuesta de la creación de este registro con la esperanza de que, pudiendo tener seguimiento, se cumplan y se liquiden dichas deudas menores, garantizando el derecho a recibir asistencia a particulares y a pequeñas empresas.

 

 

 

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